Fuente: Marianela
Jarroud para IPS.
Artículo producido
con apoyo de la Unesco. (FIN/2012)
Las radios
comunitarias comenzaron a emitir masivamente en 1990, cuando Chile puso fin a
17 años de dictadura, aunque había antecedentes de emisiones populares desde la
década de 1970.
"Partimos con
una propuesta de buscar algún medio alternativo, fuera de lo oficial, para
hablar sobre las cosas que realmente le estaban pasando a la gente en las
poblaciones", dijo a IPS el presidente de la Asociación Nacional de Radios
Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), Alberto Cancino.
Hoy se cuentan 420
emisoras de este tipo y unas 300 están afiliadas a Anarcich. Otras tienen apoyo
de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) o de organizaciones
como la Red de Medios de los Pueblos, que incluye también canales de televisión
y periódicos alternativos o ciudadanos.
Una de las más emblemáticas es Radio Amanecer de Caldera, un puerto 800 kilómetros al norte de Santiago, en la región de Atacama. Fundada en 1993 por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la ciudad, su programación aborda cuestiones laborales, sociales, culturales, ambientales y religiosas y transmite en la frecuencia 93.7 y por Internet.
Una de las más emblemáticas es Radio Amanecer de Caldera, un puerto 800 kilómetros al norte de Santiago, en la región de Atacama. Fundada en 1993 por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la ciudad, su programación aborda cuestiones laborales, sociales, culturales, ambientales y religiosas y transmite en la frecuencia 93.7 y por Internet.
A mediados de 1991
se registró la primera "represión fuerte" a las emisoras
comunitarias, impulsada por la influyente Asociación de Radiodifusores de Chile
(Archi), que agrupa a los grandes consorcios privados.
"Su propósito
era exterminarnos porque no éramos legales, pese a que no existía una ley al
respecto… Hubo persecución y cierre de radios. Nos denominaban terroristas de las comunicaciones",
recordó Cancino.
En 1994 se aprobó
el primer marco regulatorio que definía a estos medios como "radios de
mínima cobertura", penalizaba a las que emitieran sin autorización y
tenía, según los radialistas, deficiencias en cuanto a financiamiento y
cobertura, pues solo autorizaba un vatio de potencia de transmisión.
El 4 de mayo de
2010 se promulgó la ley 20.433 sobre Servicios Comunitarios y Ciudadanos de
Radiodifusión de Libre Recepción, pero todavía no se aplica.
La principal traba
es que todas las emisoras concesionadas deben pasar de la condición de
"mínima cobertura" a radios comunitarias, para lo cual necesitan
acreditar su pertenencia a organizaciones sin fines de lucro. Quedan excluidas
así las emisoras municipales o universitarias.
El plazo para
completar este proceso vencía este 14 de febrero, pero Anarcich consiguió una
prórroga hasta noviembre. Luego, será la Subsecretaría de Telecomunicaciones la
que decidirá a qué radioemisoras otorga el permiso, un trámite que podría
tardar entre seis y 10 meses.
La nueva normativa
amplía la potencia de uno a 25 vatios, la altura de las antenas de seis a 10
metros y la duración de las concesiones de tres a 10 años.
Pero otorga cinco
por ciento del dial FM a los medios comunitarios, correspondiente a su última
fracción, entre el 105.9 y el 107.9, y mantiene la prohibición de publicidad,
por lo que estas emisoras solo se pueden financiar mediante menciones
comerciales suscritas al área de cobertura.
La ley es un avance
para algunos, mientras otros apuntan que no mejora sustancialmente el panorama.
"Las radios
comunitarias son reconocidas con muchas restricciones que tienen que ver con la
asignación de espectro, vale decir la potencia con la cual podrían funcionar,
con problemas de sustentación, de financiamiento y de ubicación en el
dial", dijo a IPS la vicepresidenta de la Red de Mujeres del capítulo
latinoamericano de Amarc, Perla Wilson.
En contraste,
Cancino cree que la ley es el "gran orgullo que tenemos hoy día".
"Podrá ser limitada, algunos la consideran mala, pero es una ley que fue
sacada para las radios comunitarias, y eso antes no existía", afirmó.
Wilson destacó que
Chile es uno de los pocos países de América Latina con una legislación que
penaliza con presidio la radiodifusión comunitaria sin autorización, lo que
atenta contra la libertad de expresión, según relatorías de la Organización de
los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas.
El origen del
problema, en opinión de Wilson, está en la idea de que el espectro
radioeléctrico, las ondas sonoras y las frecuencias son de titularidad privada,
cuando se trata de "un bien público, y merece ser distribuido con
criterios de desarrollo social".
Chile debería
incorporar la experiencia latinoamericana, y seguir ejemplos como el de
Argentina, que destina un tercio del espectro a este tipo de emisoras, dijo
Wilson.
Legislaciones sobre
radiodifusión comunitaria promulgadas en Uruguay y en Colombia, el
reconocimiento a estos medios en las constituciones de Bolivia y de Ecuador,
así como la participación ciudadana en la redacción de la iniciativa legal en
Argentina, sirven de ejemplo para el perfeccionamiento de la norma chilena,
opinó Wilson.
En esas
legislaciones se limita la potestad del Estado para administrar las
frecuencias, en el entendido de que su libre acceso no debería estar sometido a
mayores restricciones.
"Propiciamos
una discusión completa sobre la producción de servicios audiovisuales. Las
leyes de comunicación en Chile están muy parcializadas, muy fragmentadas. Esta
ley, como está, es inaplicable", enfatizó Wilson.
Para Cancino la
normativa anterior era "tan mala que por lo menos ahora se planteó una nueva
ley que nunca existió".
Ambos dirigentes
coinciden en que la radiodifusión comunitaria es muy valiosa.
En la comuna de
Peņalolén, en el oriente de Santiago, la radio Encuentro 107.3 FM emite por
iniciativa de la corporación del mismo nombre, dedicada a reducir la brecha
digital llevando la tecnología de la información y las telecomunicaciones a
distintos barrios y promoviendo la alfabetización digital.
La radio fundada en
1998 se enlaza a otros proyectos sin fines de lucro, como una red de
telecentros comunitarios, cursos de informática y el dictado de educación
básica y media para adultos.
El movimiento de
radiodifusión comunitaria demostró su peso en las manifestaciones de 2011 por
la reforma educativa, las más importantes desde el retorno a la democracia,
impulsadas por el movimiento estudiantil.
"Tuvimos en
2011 una gran producción de contenidos independientes transmitidos de manera
colaborativa", dijo Wilson.
"Mantuvimos
canales abiertos, principalmente el apoyo al movimiento estudiantil… Las radios comunitarias siempre van a estar
presentes para dar a conocer esta problemática a la comunidad", seņaló
Cancino.
En noviembre de
2011, cuando esa movilización social llevaba seis meses y faltaban horas para
que se aprobara en el parlamento el presupuesto de este aņo, se puso al aire
una cadena radial de 30 horas consecutivas en una coproducción de estudiantes,
radios comunitarias, medios ciudadanos y centros de producción.
El objetivo era
apoyar y hacer más visibles a los actores sociales comprometidos con el
movimiento educativo y, de paso, fortalecer la radiofonía comunitaria.
En opinión de
Wilson, "el cerco comunicacional se rompió por el carisma de los
liderazgos estudiantiles que se levantaron en los grandes medios, pero también
muy impulsado desde los medios comunitarios, los medios locales y las redes
sociales".
"Todo eso se
conjugó en una manera de comunicar del movimiento social que obviamente está
radicado en nuestra historia", concluyó.
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