Esta situación comenzó en 1991 al incluirse en la Ley general de telecomunicaciones (Ley Nº 18.168): la imposición de multa, decomiso de equipos e incluso pena privativa de libertad, sanciones que se mantienen en la actualidad a pesar de las críticas realizadas a Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus informes anuales.
Julio, 2016
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