Tras imprimirle el Ejecutivo el 29 de julio recién pasado suma urgencia
a su tramitación, el martes 4 de agosto las comisiones -unidas- de Obras
Públicas y Libertad de Expresión aprobaron el proyecto de ley que crea los
servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. Según el presidente de
esta instancia parlamentaria, el diputado PPD Patricio Hales, se trata de “un
proyecto fundamental para la sociedad, ya que no puede haber una sociedad
democrática si no es capaz de fortalecer la base social y sus organizaciones”.
Por eso resulta del todo paradójico, o más bien
contradictorio, que ese mismo día el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago
formalizara a Fidel Galaz, representante legal de Radio Sin Tierra de Villa La
Reina, por la transmisión de señales radiofónicas sin tener las licencias
correspondientes; arriesgando por ello pena de cárcel, altas multas y la
incautación de todos sus equipos.
Es decir, mientras un poder del estado avanza en subsanar por la vía de la legislación la falta de equidad en el acceso al espectro radiofónico y en reconocer el aporte de estos medios a la construcción democrática, entregándoles incluso fondos para su desarrollo; otro, el poder judicial, deja caer sobre estos medios todo su poder punitivo acallando sus voces.
Es decir, mientras un poder del estado avanza en subsanar por la vía de la legislación la falta de equidad en el acceso al espectro radiofónico y en reconocer el aporte de estos medios a la construcción democrática, entregándoles incluso fondos para su desarrollo; otro, el poder judicial, deja caer sobre estos medios todo su poder punitivo acallando sus voces.
Se argumentará que aquí se ha infringido la ley,
lo cual es cierto, específicamente el artículo 36 b de la Ley General de
Telecomunicaciones (N°18.168), que penaliza como autor de delito de acción
pública a todo aquel que “opere o explote servicios o instalaciones de
telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la
autoridad correspondiente, y el que permita que en su domicilio, residencia,
morada o medio de transporte, operen tales servicios o instalaciones”.
Pero lo cierto es que no ha estado en la
intensión de estas radios violar la ley, sino que han sido forzadas a hacerlo,
enfrentadas a un espectro radial excluyente que desde hace años permanece virtualmente
inamovible. Por eso, si bien muchas de ellas han intentado acceder a una
concesión de transmisión, en la práctica no se abren nuevos espacios de
licitación y persiste “una legislación muy poco permisiva, que da pocas
facilidades a su existencia”, como lo reconoce el propio Hales.
Una legislación, por lo demás, heredada de la
dictadura y que en su momento tuvo el claro propósito de silenciar a las voces
disidentes, a la voz amplificada del pueblo por estas antenas. Ya que la
Ley General de Telecomunicaciones fue publicada en el diario oficial el 2 de
octubre de 1982, es decir, cuando se masificaban las jornadas de protesta
contra el régimen militar frente a sus violaciones a los derechos humanos y a
la agudización de la crisis económica.
Al caso de Radio Sin Tierras se suman, hasta ahora,
los de radios Conexiones y Renacer, en la octavo región, y de Radio Galactika
en San Antonio, todas acusadas por el mismo artículo 36 B. El operativo
desplegado por la brigada del Ciber Crimen de la PDI en Valparaíso la semana
pasada, debido a la querella interpuesta por el concejal independiente UDI,
propietario de Radio Congreso y presidente regional de Asociación Chilena de
Radiodifusores (ARCHI), Eugenio González, procedimiento que culminó con la
incautación de equipos a Radio Montedónico 2000 y UV 15, de un listado cercano
a las 40 emisoras que serían clausuradas. También al hostigamiento
y amenazas sufridos por radios La Voz de Estación Central y 1º de Mayo de Pedro
Aguirre Cerda, entre otras.
Todos estos hechos no son aislados, aunque tras
ellos hay intereses distintos. Por una parte comerciales, en un
país con una de las mayores concentraciones en la propiedad de medios en
América Latina, intereses que quieren seguir manteniendo el control económico que
tienen sobre espectro radial; políticos, en un año electoral que agudiza
el debate; y gremiales, liderada por ARCHI ante el avance del proyecto
de ley recién aprobado. Pues debe llamar al menos a la sospecha que
llevando años, incluso décadas, algunas de estas radios transmitiendo, recién
ahora se utilice contra ellas una ley que tiene más de 25 años de
vigencia. Y es que aprobada como Ley, este proyecto de radiodifusión
comunitaria ciudadana, ésta deberá regularizar la situación de todas las emisoras
que estén transmitiendo. Las que queden a esa fecha.
Y qué hace el Ejecutivo - tercer poder del
estado - ante esta campaña de silenciamiento, que vulnera el derecho a la
comunicación y a la libertad de expresión que debiera garantizar toda
democracia: simplemente calla y acalla.
Calla, cuando como Poncio Pilato se lava las
manos, incumpliendo su deber de evitar la vulneración de estos derechos
fundamentales.
Y acalla, pues las leyes no salen de un texto
bíblico y su interpretación está lejos de ser una profecía, sino una decisión
politica que en este caso concluye en el hostigamiento y la represión de
quienes detractan de su labor. Pero acallar las voces de los que piensan
distinto, por razones reglamentarias o como quiera argumentárselas, termina siendo
una acción impugnable que socava precisamente lo que la acción del estado debe
fortalecer: “la pluralidad informativa en el territorio nacional” (art. Nº1,
Ley de Prensa) y por ende un espacio para la expresión de esta diversidad de
voces.
Restringir este espacio, resta valor a la toma
de decisiones, a la participación ciudadana y se debilita a la postre la
democracia.
Y es que democracia no es solo votar, sino construir
ciudadanía. Una ciudadanía informada, crítica, diversa en su composición
y en las identidades que expresa.
Por
Paulina Acevedo Menanteau
Periodista, Comunicadora en Derechos Humanos -Observatorio Ciudadano-
Periódico El Ciudadano-Red de Medios de los Pueblos.
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